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El trabajo analiza el concepto de espacio público implementado por el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito (MDMQ) 2009-2014 como fuente de capital social y cohesión territorial. Los hallazgos muestran que el concepto se entiende de manera más amplia que la tradición urbanística. El concepto incluye una perspectiva tradicional, una perspectiva dinámica, una perspectiva ambiental y una perspectiva social. Su introducción en el gobierno local se dotó de programas presupuestarios propios, garantizando la sostenibilidad de una política comunitaria. El espacio público es un instrumento de coordinación sectorial, cuya interpretación como programa transversal ayuda a la nueva liberación para abordar los estudios científicos existentes. Además, el espacio público es un instrumento para las evaluaciones ex post de los proyectos, para llevar la discusión de la cohesión territorial a un nivel tangible de la población y de la administración local y para discutir una perspectiva territorial del capital social.

El Distrito Metropolitano de Quito (DMQ) representa un ejemplo ilustrativo en este contexto. Con una superficie de aproximadamente 4200 km2, con altitudes entre 500 y 4800 metros sobre el nivel del mar, alberga 17 ecosistemas diferentes. Viven alrededor de 2,5 millones de personas, concentradas principalmente en la ciudad de Quito y en las cabeceras de 33 parroquias rurales. Algunos de los valles, como el de Tumbaco/Cumbaya o el de Chillos, sufren procesos dinámicos poco urbanizados y ordenados. A partir de la Ley del Área Metropolitana, promulgada en 1993, el Municipio de Quito obtuvo más competencias. Con el Nuevo Aeropuerto Internacional de Quito, inaugurado en febrero de 2013, lograron incrementar la llegada de pasajeros y la carga en un 30% en un año. Los flujos de transporte entre los centros de población del DMQ han seguido creciendo. Aproximadamente el 60% de la superficie terrestre sigue siendo bosque (incluyendo páramos, etc.), pero es visible el aumento de la presión sobre el uso del suelo. Por otro lado, Quito todavía no se enfrenta a los problemas típicos de las grandes áreas metropolitanas de América Latina (grandes ciudades como Sao Paulo, Buenos Aires, Santiago, Lima y Bogotá).

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El Proyecto de Agricultura Urbana Participativa de Quito (AGRUPAR) se creó en 2002 con el objetivo de empoderar a los sectores vulnerables de la población a través de la seguridad alimentaria, los ingresos y el empleo, proporcionando apoyo técnico, desarrollo de capacidades, infraestructura, gestión empresarial, acceso a microcréditos e investigación aplicada sobre agroecología a lo largo de toda la cadena de suministro de alimentos. El arraigo de AGRUPAR en el gobierno local permite apoyar a los agricultores urbanos con políticas de gran alcance e intersectoriales. Las asociaciones internacionales también han proporcionado el apoyo conceptual, metodológico y de conocimiento que se necesitaba para que Quito desarrollara una política local de agricultura urbana como parte de un sistema alimentario más amplio. Aunque los cambios de administración, los recortes presupuestarios y la restrictiva legislación sobre el uso del suelo siguen siendo importantes retos para el programa, AGRUPAR se ha convertido en un modelo de política alimentaria y de agricultura urbana, proporcionando valiosas lecciones para las ciudades de la región y fuera de ella. El programa ganó el Future Policy Silver Award 2018, otorgado por el World Future Council en colaboración con la FAO y la IFOAM – Organics International.

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Las granjas de Quito producen alimentos, empresas y esperanza El programa de agricultura urbana que el municipio de Quito diseñó por primera vez para garantizar la seguridad alimentaria está ayudando ahora a los residentes a organizarse, producir y vender.

Más de 460 huertos salpican el estrecho valle que acuna el distrito metropolitano de Quito, en Ecuador. La gente cultiva alimentos dentro de lo que eran los confines de la ciudad colonial, en las laderas de las montañas orientales y occidentales que rodean el centro, y en los barrios en constante expansión hacia el norte y el sur.

Un gran huerto se encuentra justo encima de una larga cadena de edificios de apartamentos de cuatro pisos, a mitad de camino de la colina del Itchimbía. Las 24 personas que cultivan esta tierra solían atender el jardín más arriba como ocupantes ilegales que vivían en casas temporales. Tras una larga lucha, estos emigrantes de zonas rurales negociaron con el ayuntamiento no sólo la construcción de sus apartamentos, que están pagando en cuotas asequibles, sino también un nuevo hogar para sus huertos.

“Me encanta la jardinería”, dice Martha Rodríguez, representante de la asociación que estos hortelanos han formado recientemente. “Forma parte de mi vida. Y para la familia es una gran ayuda. Ya no compro verduras en el mercado; ahorro algo así como 10 ó 15 dólares al mes”, refiriéndose a dólares estadounidenses, ya que Ecuador abandonó el sucre, plagado de inflación, en el año 2000. Esto supone un importante impulso a los ingresos familiares, ya que Rodríguez no gana ni siquiera el salario mínimo mensual de 300 dólares.

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Tras una larga historia de inestabilidad política en Ecuador, el gobierno actual lleva 11 años en el poder, centrándose en políticas a favor de los pobres y en la inversión pública a gran escala, especialmente en educación, sanidad y grandes proyectos de infraestructuras.

Desde que alcanzó un récord del 7,9% en 2011, el entorno político relativamente estable ha contribuido a estimular el crecimiento económico, pero este se ha ralentizado en los últimos años: 5,6% en 2012; 4,9% 2013; 4,0% 2014; 0,2% 2015; y -1,5 en 2016. Sin embargo, la recuperación económica comenzó el año pasado gracias a un repunte de la producción de petróleo, que buscó beneficiarse de la subida de los precios del crudo. Con un crecimiento del 3% en 2017, el impulso continúa durante 2018, aunque es probable que un programa de austeridad gubernamental previsto tenga un impacto.

Después de tres años de negociaciones, el Protocolo para incluir a Ecuador en el Acuerdo Comercial Andino-UE (con Perú y Colombia) entró en vigor en enero de 2017. La reducción de los aranceles ha impulsado el comercio de manera significativa desde entonces, con las exportaciones del Reino Unido a Ecuador, por ejemplo, aumentando en más del 70% con respecto a 2016. Las importaciones a Ecuador pasaron de una caída del 24% en 2016 a un crecimiento del 22% el año pasado.