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Organismo ejecutor principal: Ministerio de Justicia y Transparencia: Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, Viceministerio de Igualdad de Oportunidades

La violencia de género contra las mujeres sigue estando muy extendida en Bolivia, afectando a alrededor de siete de cada diez mujeres. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), un tercio de la población sanciona la violencia a manos de su pareja. Esta legitimación pone de manifiesto la urgente necesidad de cambiar las normas sociales y culturales.

El Gobierno boliviano ha ratificado convenios internacionales clave para combatir la violencia contra las mujeres y ha aprobado leyes nacionales para protegerlas contra la violencia. El país también se ha comprometido a implementar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Estos incluyen las metas de lograr la igualdad de género y eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas.

Sin embargo, hasta ahora el Gobierno se ha centrado en prestar apoyo a las mujeres víctimas de la violencia. En consecuencia, faltan planes de aplicación concretos y eficaces, conocimientos, instrumentos y experiencias de los principales agentes a la hora de aplicar las medidas, en particular en las instituciones educativas, los sectores público y privado y el mundo académico.

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En 2019, Bolivia avanzó moderadamente en los esfuerzos para eliminar las peores formas de trabajo infantil. El Ministerio de Justicia capacitó a jueces y fiscales sobre la realización de juicios en casos de trata de personas. Además, el gobierno llevó a cabo campañas de sensibilización contra la trata de personas para educar a los estudiantes en todo el país, y la Oficina del Defensor del Pueblo publicó una evaluación de sus esfuerzos para prevenir la trata de niños, niñas y adolescentes, identificando áreas clave para mejorar. Sin embargo, los niños en Bolivia se dedican a las peores formas de trabajo infantil, incluyendo la explotación sexual comercial, a veces como resultado de la trata de personas, y en la minería. Los niños también realizan tareas peligrosas en la agricultura, incluida la producción de caña de azúcar. Aunque la legislación boliviana exige que los aprendices asistan a la escuela, no establece una edad mínima para participar en el aprendizaje. Además, el artículo 1 del Decreto Supremo nº 1875 establece la edad mínima para el servicio militar obligatorio en 17 años, lo que no se ajusta a las normas internacionales. Durante el periodo que se informa, la crisis política y la puesta en marcha de un gobierno de transición pueden haber afectado a los esfuerzos por erradicar las peores formas de trabajo infantil.

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El contrato laboral indefinido es el tipo de contrato más común en Bolivia. Todos los contratos, escritos o verbales, son indefinidos en Bolivia. Según este tipo de contrato, un empleado entra en un periodo de prueba de 90 días al comienzo del empleo.

Aunque los empleados pueden utilizar este tiempo para conocer la empresa y decidir si encajan en ella, los empleadores también pueden utilizar el mismo tiempo para rescindir el contrato sin ninguna indemnización si el empleado no cumple las expectativas de la empresa.

Aunque los salarios pueden ser decididos de mutuo acuerdo entre el empleador y el empleado, no pueden ser inferiores al salario mínimo boliviano. En 2006 se ajustó el salario mínimo y se fijaron los términos de un aumento mínimo obligatorio que los empleados deben recibir en función de la nómina del año anterior.

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El negocio de las tumbasEl Día de los Muertos es un buen día para Guido. En el Día de los Muertos, el cementerio de Potosí (Bolivia) se llena de gente, con familias enteras reunidas frente a los nichos de enterramiento apilados unos encima de otros. Llevan flores y tantawawas, los bebés de pan bolivianos que forman parte de las celebraciones del Día de los Muertos. Los que pueden permitírselo hacen que sus difuntos reciban una serenata de guitarristas solistas o de grupos enteros de mariachis. Pero las familias con poco presupuesto recurren a Guido, de 13 años, con su sudadera con capucha y sus mejillas regordetas.

Guido es un limpiador de tumbas. Su proyecto actual es un nicho de enterramiento en el cuarto nivel del pabellón 113. Se sube a una escalera y primero limpia el interior de la peor suciedad antes de pulir el cristal y el marco. Una vez que ha terminado, la familia le entrega un billete de 10 bolivianos, que vale unos 1,40 euros: Los limpiadores de tumbas

Sin embargo, hasta ahora no es así. Eso se ve claramente en una montaña cercana situada a pocos kilómetros del cementerio de Potosí. Las rocas de color ocre del exterior no dan muchas pistas sobre los tesoros que se esconden en su interior. La extracción de plata en el Cerro Rico se remonta a la época de los conquistadores españoles en 1545, y sus riquezas se utilizaron durante siglos para financiar a la monarquía. Los indígenas que realizaban trabajos forzados y, más tarde, los esclavos africanos, tenían que pasar meses bajo tierra en un cruel sistema de turnos. Se calcula que hasta 8 millones de personas murieron dentro de la montaña. Uno de ellos es Armando, un joven de 16 años alegre y seguro de sí mismo. Como muchos de su edad, sueña con un futuro como futbolista profesional, pero por el momento, Armando sigue siendo un minero, como su padre Pastor.El camino que ambos deben recorrer hasta su lugar de trabajo es aterrador. Los túneles están perforados en la roca sin soportes y son tan bajos que los mineros tienen que encorvarse al caminar. El aire fresco sólo puede entrar por simples tubos. Los peligros más inmediatos son los derrumbes de los túneles y las detonaciones retardadas de las cargas de dinamita previamente colocadas. El peligro a más largo plazo es el pulmón negro, que muchos mineros contraen en los primeros años de su vida.Vídeo: El niño de la mina